En busca del desarrollo rural justo
Un reciente estudio encabezado por la socióloga Karina Bidaseca busca conformar un registro a nivel nacional sobre los conflictos que enfrenta el sector de la agricultura familiar.
POR AGUSTIN SCARPELLI
–Usted ha trabajado desde hace tiempo los conflictos territoriales. ¿Hubo algún dato relevante del informe que realizó que la haya sorprendido respecto de lo que ya conocía?
–Mi trabajo de investigación sobre conflictos de tierra y derecho de los campesinos y pueblos originarios, y en especial de las mujeres, me acompaña desde hace tiempo como preocupación no sólo teórica sino política, y se consolida en el año 2006 cuando comienzo a dirigir al equipo de investigación con el que relevamos este estudio. Algunos de los casos testigos fueron el lote “El Ceibal”, en Santiago del Estero, donde una superficie de 10 mil hectáreas ubicada en el Departamento Copo, en el que habitan alrededor de 250 familias agrupadas en diferentes comunidades, intenta ser rematada en 2005 a raíz de la quiebra de ex Banco Platense, que detentaba la titularidad registral del inmueble. El remate fue suspendido como producto del accionar de los pobladores. Otro conflicto que investigamos fue el de la patrimonialización de la Quebrada de Humahuaca por parte de la Unesco. Nadie consultó a los pobladores si estaban de acuerdo o no. También trabajamos en El Soberbio, con el Movimiento Sin Tierra de Misiones, y en la Comunidad India Quilmes (Tucumán), que exigió la restitución de su Ciudad Sagrada. Este estudio confirmó nuestras investigaciones cualitativas con un agregado muy significativo: suma cifras, estadísticas que permite por primera vez poner en conocimiento al Estado sobre el fenómeno, el número de familias afectadas y hectáreas en conflicto, las condiciones de vida, precarias, pero sobre todo, visibilizar los derechos humanos vulnerados desde siempre frente al agronegocio y la expansión sojera.
–Según el informe, ¿cuáles serían las políticas prioritarias para apuntalar la tarea de la Agricultura Familiar?
–El Caso de El Ceibal nos permite decir que se manifiesta en los hechos una desmembración de los dos elementos constitutivos del derecho de propiedad según la concepción del Código Civil sobre un mismo inmueble: por un lado hay una persona que detenta el título, la escritura (en este caso un Banco) y por otro lado, quien detenta el modo (campesinos), es decir quien tiene la posesión de la cosa que en el estudio coincide con los agricultores familiares con problemas de tierra. Por ende, al intentar los titulares dominiales, incentivados por el aumento del precio de la tierra, tomar posesión de las propiedades que no ocuparon, ni trabajaron, ni deslindaron durante largo tiempo, se encuentran con parajes, pueblos, familias y comunidades campesinas que viven y trabajan estas tierras históricamente y se manifiesta el conflicto. El estudio concluye que entre las dos opciones posibles de resolución desde una perspectiva civilista y del Derecho Privado, cabe o bien el desplazamiento de la tierra y despojo al poseedor o bien que este lleve adelante un juicio de usucapión que le permita adquirir la titularidad dominial. Se necesita llevar adelante una política de Estado que posibilite un saneamiento de títulos para identificar al titular dominial (quien detenta la escritura) con el poseedor, debido a la cantidad de tierra en conflicto relevada (9 millones de hectáreas) la antigüedad de la problemática y principalmente al factor humano inobjetable (más de 63.000 familias afectadas).
–¿Qué tareas quedan pendientes desde el conocimiento?
–La construcción de políticas que tomen en cuenta esta perspectiva crítica, que pretende oponerse a la desigualdad y exclusión en la que viven, en forma dramática, campesinos, pueblos indígenas y agricultores, para quienes la tierra y el territorio significan la vida, el linaje familiar, el transcurrir del tiempo cotidiano, el respeto y cuidado de la naturaleza. Pero también más estudios que sensibilicen a nuestra sociedad, acerca de las posibilidades de supervivencia de todos los mundos de vida, y de dotar al Estado de conocimiento para fortalecer la trama de las comunidades que sufrieron el embate del tiempo y de la historia en su idea de progreso concebida en sentido unívoco. Los mundos de vida de los agricultores dan cuenta de la persistencia de otras temporalidades que co-existen. Jacques Rancière, ante una cuestión vital para muchos de nosotros que tenemos la responsabilidad social de producir conocimiento, se preguntaba “¿qué es investigar?” Y respondía: “Constituir un colectivo político que funciona como una comunidad de investigadores que son al mismo tiempo sabios e ignorantes. Esa comunidad crea tiempo (…) En esa temporalidad se producen tejidos de vida, de información, de conocimientos…”. Es decir, una constelación de personas formadas en el campo del saber de la ciencia y el derecho, junto a los saberes de las organizaciones campesinas e indígenas y activistas, que partió de la premisa de la igualdad de las inteligencias para lograr una pequeña emancipación. La propiedad y uso de la tierra adquiere una importancia central para definir el modelo de desarrollo rural que se pretende instalar. De igual modo se requieren estudios sobre procesos de acaparamiento de tierras. La Argentina es el único país dentro de la región que implementó mecanismos para limitar la compra de tierras por parte de extranjeros con la creación del Registro Nacional de Tierras Rurales.
–Usted ha trabajado desde hace tiempo los conflictos territoriales. ¿Hubo algún dato relevante del informe que realizó que la haya sorprendido respecto de lo que ya conocía?
–Mi trabajo de investigación sobre conflictos de tierra y derecho de los campesinos y pueblos originarios, y en especial de las mujeres, me acompaña desde hace tiempo como preocupación no sólo teórica sino política, y se consolida en el año 2006 cuando comienzo a dirigir al equipo de investigación con el que relevamos este estudio. Algunos de los casos testigos fueron el lote “El Ceibal”, en Santiago del Estero, donde una superficie de 10 mil hectáreas ubicada en el Departamento Copo, en el que habitan alrededor de 250 familias agrupadas en diferentes comunidades, intenta ser rematada en 2005 a raíz de la quiebra de ex Banco Platense, que detentaba la titularidad registral del inmueble. El remate fue suspendido como producto del accionar de los pobladores. Otro conflicto que investigamos fue el de la patrimonialización de la Quebrada de Humahuaca por parte de la Unesco. Nadie consultó a los pobladores si estaban de acuerdo o no. También trabajamos en El Soberbio, con el Movimiento Sin Tierra de Misiones, y en la Comunidad India Quilmes (Tucumán), que exigió la restitución de su Ciudad Sagrada. Este estudio confirmó nuestras investigaciones cualitativas con un agregado muy significativo: suma cifras, estadísticas que permite por primera vez poner en conocimiento al Estado sobre el fenómeno, el número de familias afectadas y hectáreas en conflicto, las condiciones de vida, precarias, pero sobre todo, visibilizar los derechos humanos vulnerados desde siempre frente al agronegocio y la expansión sojera.
–Mi trabajo de investigación sobre conflictos de tierra y derecho de los campesinos y pueblos originarios, y en especial de las mujeres, me acompaña desde hace tiempo como preocupación no sólo teórica sino política, y se consolida en el año 2006 cuando comienzo a dirigir al equipo de investigación con el que relevamos este estudio. Algunos de los casos testigos fueron el lote “El Ceibal”, en Santiago del Estero, donde una superficie de 10 mil hectáreas ubicada en el Departamento Copo, en el que habitan alrededor de 250 familias agrupadas en diferentes comunidades, intenta ser rematada en 2005 a raíz de la quiebra de ex Banco Platense, que detentaba la titularidad registral del inmueble. El remate fue suspendido como producto del accionar de los pobladores. Otro conflicto que investigamos fue el de la patrimonialización de la Quebrada de Humahuaca por parte de la Unesco. Nadie consultó a los pobladores si estaban de acuerdo o no. También trabajamos en El Soberbio, con el Movimiento Sin Tierra de Misiones, y en la Comunidad India Quilmes (Tucumán), que exigió la restitución de su Ciudad Sagrada. Este estudio confirmó nuestras investigaciones cualitativas con un agregado muy significativo: suma cifras, estadísticas que permite por primera vez poner en conocimiento al Estado sobre el fenómeno, el número de familias afectadas y hectáreas en conflicto, las condiciones de vida, precarias, pero sobre todo, visibilizar los derechos humanos vulnerados desde siempre frente al agronegocio y la expansión sojera.
–Según el informe, ¿cuáles serían las políticas prioritarias para apuntalar la tarea de la Agricultura Familiar?
–El Caso de El Ceibal nos permite decir que se manifiesta en los hechos una desmembración de los dos elementos constitutivos del derecho de propiedad según la concepción del Código Civil sobre un mismo inmueble: por un lado hay una persona que detenta el título, la escritura (en este caso un Banco) y por otro lado, quien detenta el modo (campesinos), es decir quien tiene la posesión de la cosa que en el estudio coincide con los agricultores familiares con problemas de tierra. Por ende, al intentar los titulares dominiales, incentivados por el aumento del precio de la tierra, tomar posesión de las propiedades que no ocuparon, ni trabajaron, ni deslindaron durante largo tiempo, se encuentran con parajes, pueblos, familias y comunidades campesinas que viven y trabajan estas tierras históricamente y se manifiesta el conflicto. El estudio concluye que entre las dos opciones posibles de resolución desde una perspectiva civilista y del Derecho Privado, cabe o bien el desplazamiento de la tierra y despojo al poseedor o bien que este lleve adelante un juicio de usucapión que le permita adquirir la titularidad dominial. Se necesita llevar adelante una política de Estado que posibilite un saneamiento de títulos para identificar al titular dominial (quien detenta la escritura) con el poseedor, debido a la cantidad de tierra en conflicto relevada (9 millones de hectáreas) la antigüedad de la problemática y principalmente al factor humano inobjetable (más de 63.000 familias afectadas).
–El Caso de El Ceibal nos permite decir que se manifiesta en los hechos una desmembración de los dos elementos constitutivos del derecho de propiedad según la concepción del Código Civil sobre un mismo inmueble: por un lado hay una persona que detenta el título, la escritura (en este caso un Banco) y por otro lado, quien detenta el modo (campesinos), es decir quien tiene la posesión de la cosa que en el estudio coincide con los agricultores familiares con problemas de tierra. Por ende, al intentar los titulares dominiales, incentivados por el aumento del precio de la tierra, tomar posesión de las propiedades que no ocuparon, ni trabajaron, ni deslindaron durante largo tiempo, se encuentran con parajes, pueblos, familias y comunidades campesinas que viven y trabajan estas tierras históricamente y se manifiesta el conflicto. El estudio concluye que entre las dos opciones posibles de resolución desde una perspectiva civilista y del Derecho Privado, cabe o bien el desplazamiento de la tierra y despojo al poseedor o bien que este lleve adelante un juicio de usucapión que le permita adquirir la titularidad dominial. Se necesita llevar adelante una política de Estado que posibilite un saneamiento de títulos para identificar al titular dominial (quien detenta la escritura) con el poseedor, debido a la cantidad de tierra en conflicto relevada (9 millones de hectáreas) la antigüedad de la problemática y principalmente al factor humano inobjetable (más de 63.000 familias afectadas).
–¿Qué tareas quedan pendientes desde el conocimiento?
–La construcción de políticas que tomen en cuenta esta perspectiva crítica, que pretende oponerse a la desigualdad y exclusión en la que viven, en forma dramática, campesinos, pueblos indígenas y agricultores, para quienes la tierra y el territorio significan la vida, el linaje familiar, el transcurrir del tiempo cotidiano, el respeto y cuidado de la naturaleza. Pero también más estudios que sensibilicen a nuestra sociedad, acerca de las posibilidades de supervivencia de todos los mundos de vida, y de dotar al Estado de conocimiento para fortalecer la trama de las comunidades que sufrieron el embate del tiempo y de la historia en su idea de progreso concebida en sentido unívoco. Los mundos de vida de los agricultores dan cuenta de la persistencia de otras temporalidades que co-existen. Jacques Rancière, ante una cuestión vital para muchos de nosotros que tenemos la responsabilidad social de producir conocimiento, se preguntaba “¿qué es investigar?” Y respondía: “Constituir un colectivo político que funciona como una comunidad de investigadores que son al mismo tiempo sabios e ignorantes. Esa comunidad crea tiempo (…) En esa temporalidad se producen tejidos de vida, de información, de conocimientos…”. Es decir, una constelación de personas formadas en el campo del saber de la ciencia y el derecho, junto a los saberes de las organizaciones campesinas e indígenas y activistas, que partió de la premisa de la igualdad de las inteligencias para lograr una pequeña emancipación. La propiedad y uso de la tierra adquiere una importancia central para definir el modelo de desarrollo rural que se pretende instalar. De igual modo se requieren estudios sobre procesos de acaparamiento de tierras. La Argentina es el único país dentro de la región que implementó mecanismos para limitar la compra de tierras por parte de extranjeros con la creación del Registro Nacional de Tierras Rurales.
–La construcción de políticas que tomen en cuenta esta perspectiva crítica, que pretende oponerse a la desigualdad y exclusión en la que viven, en forma dramática, campesinos, pueblos indígenas y agricultores, para quienes la tierra y el territorio significan la vida, el linaje familiar, el transcurrir del tiempo cotidiano, el respeto y cuidado de la naturaleza. Pero también más estudios que sensibilicen a nuestra sociedad, acerca de las posibilidades de supervivencia de todos los mundos de vida, y de dotar al Estado de conocimiento para fortalecer la trama de las comunidades que sufrieron el embate del tiempo y de la historia en su idea de progreso concebida en sentido unívoco. Los mundos de vida de los agricultores dan cuenta de la persistencia de otras temporalidades que co-existen. Jacques Rancière, ante una cuestión vital para muchos de nosotros que tenemos la responsabilidad social de producir conocimiento, se preguntaba “¿qué es investigar?” Y respondía: “Constituir un colectivo político que funciona como una comunidad de investigadores que son al mismo tiempo sabios e ignorantes. Esa comunidad crea tiempo (…) En esa temporalidad se producen tejidos de vida, de información, de conocimientos…”. Es decir, una constelación de personas formadas en el campo del saber de la ciencia y el derecho, junto a los saberes de las organizaciones campesinas e indígenas y activistas, que partió de la premisa de la igualdad de las inteligencias para lograr una pequeña emancipación. La propiedad y uso de la tierra adquiere una importancia central para definir el modelo de desarrollo rural que se pretende instalar. De igual modo se requieren estudios sobre procesos de acaparamiento de tierras. La Argentina es el único país dentro de la región que implementó mecanismos para limitar la compra de tierras por parte de extranjeros con la creación del Registro Nacional de Tierras Rurales.
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